El riesgo de disparar la cláusula RUFO en caso de llegar a un acuerdo con los fondos buitre no es el único al que se expone el gobierno. Más allá del temor a que los bonistas que sí aceptaron los canjes del 2005 y 2010 le inicien juicios millonarios a la Argentina-ya que la ley obliga a extender una mejor oferta a todos los tenedores-, existen complicaciones legales internas que podrían despertar denuncias por parte de la oposición.

El año pasado, cuando se veía venir que el juicio con los fondos buitre iba a terminar mal, el kirchnerismo envió al Congreso un proyecto para derogar la llamada “Ley Cerrojo” que finalmente fue aprobada con el apoyo de casi toda la oposición. Se trataba de un guiño a los buitres para iniciar las negociaciones. Es que cuando se cerraron los canjes del 2005 y 2010, dicha ley directamente le prohibía al gobierno realizar una oferta para aquellos acreedores que se quedaron afuera por no aceptar las quitas.

Sin embargo, en el artículo cuatro de esa normativa se impide taxativamente “ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho”.

Es decir, legalmente el gobierno puede ofrecerles a los holdouts entrar al canje, pero no en mejores condiciones que el resto. Las limitaciones no lo da solamente la cláusula RUFO, sino también la legislación local, en una suerte de RUFO autoimpuesta.

De ahí el rumor que circula por estos días de que Cristina tiene redactado un decreto que suspende la ley 26.886 en caso de que acuerde con los holdouts.

El problema es que si toma este camino, la presidenta podría ser blanco de demandas judiciales, ya que legalmente es muy discutible que con un decreto se pueda suspender una ley sin más.

Lo correcto en términos jurídicos sería enviar un proyecto al Congreso, tal como se hizo con Repsol para compensar al grupo español por la expropiación de YPF. Sin embargo, si se quiere evitar el default el gobierno debería arreglar con los buitres antes del miércoles, cuando vence el período de prórroga para pagarle a los tenedores del Discount. Es muy poco tiempo para que lo traten ambas Cámaras, más allá de que el oficialismo tenga mayoría tanto en Diputados como en Senadores.

Lo que sí podría hacer el gobierno es enviar al Poder Legislativo un proyecto de ley con el acuerdo una vez que este haya sido aceptado por el juez Thomas Griesa y los representantes de los holdouts.

Por otro lado, si finalmente el país entra en cesación de pagos el 30 de julio ante la falta de acuerdo con los buitres, también podría implicarle demandas penales a Cristina y sus funcionarios, tal como publicó LPO.

El Secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini, demostró que está al tanto de ese riesgo cuando expuso ante los legisladores de la oposición la "estrategia" del gobierno con los holdouts. En ese encuentro, Axel Kicillof insistió en que el fallo de Griesa era "incumplible", y, cuando uno de los presentes preguntó si eso significaba ir al default, el cerebro jurídico del kirchnerismo tomó rápido el micrófono para descartar en forma tajante ese escenario. El "Chino" sabe a lo que se exponen los funcionarios si Argentina entra en cesación de pagos.

De acuerdo a la Constitución, quien debe ocuparse de la deuda externa pública es el Congreso. Si bien actualmente ese poder está “delegado” en el Ejecutivo, la decisión de entrar en default o no, sí o sí debe pasar antes por el recinto. Por ejemplo, cuando el ex presidente Adolfo Rodríguez Saa resolvió suspender el pago de la deuda externa, solicitó el apoyo de los diputados y senadores, y de hecho anunció la medida ante la Asamblea Legislativa, unos minutos después de haber sido elegido como jefe de Estado.

De ahí que, según pudo saber este medio, en el bloque radical están estudiando el tema para ver si, en caso de que la próxima semana el país entre en cesación de pagos, corresponda tomar acciones legales contra la presidenta y su ministro de Economía.